El Rol Investigador de la Defensa Técnica en el Proceso Penal Acusatorio

Kriss Poveda Barrios

Por: Kriss Poveda Barrios

krisspoveda@yahoo.com

La labor de la defensa técnica en el nuevo sistema penal panameño constituye una pieza fundamental para la concreción de los principios y garantías que por mandato convencional y legal amparan a las personas vinculadas a la comisión de un injusto penal. Por ello, resulta de gran interés el rol activo del abogado penalista durante la etapa de investigación del delito, no obstante, para su ejecución, requiere de modernas competencias y aptitudes de índole científica y dinámica que faciliten el eficaz ejercicio de la defensa.

En la actualidad, el abogado penalista enfrenta retos ante la dirección de la investigación por la representación estatal y la dependencia estructural y presupuestaria de los organismos auxiliares de investigación a dicho ente, lo que hace más compleja la actividad de la defensa.

Nuestra Constitución Política consagra el derecho a la defensa en dos artículos de la Constitución Nacional, el artículo No. 40 y el artículo No. 20, no obstante, a pesar que el proceso de reforma al sistema de justicia penal que se ha venido verificando en la mayoría de los países de América Latina, llegó algo tarde a Panamá, con el nuevo Código Procesal Penal, adoptado mediante la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, se estableció un nuevo sistema penal moderno de carácter adversarial, oral y acusatorio, el cual establece, en su artículo 10, los principios de la defensa con un carácter irrenunciable e inviolable.

El principio de defensa se estructura en los siguientes postulados:

  1. El derecho a designar a un defensor idóneo y de libre elección del imputado o investigado.
  2. El derecho a mantener una comunicación con el defensor de manera privada y libre.
  3. La obligación del Estado de proveer los servicios de defensa ante la ausencia de un defensor privado. Para ello, mediante el Acuerdo 239 de 19 de noviembre de 1993, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia creó el Instituto de la Defensa Pública.

El Código Procesal Penal en el Libro I, Título III, Capítulo IV regula el ejercicio de la defensa técnica, enfatizando que la misma es irrenunciable e inviolable. En consecuencia, toda persona tiene derecho a nombrar un abogado que la represente desde el momento en que la señalen en cualquier acto de investigación o acto procesal como posible autora o partícipe, con los mismos derechos que el imputado, aunque no se utilice este calificativo.

Ahora bien, si la persona imputada manifiesta que no puede nombrar defensor, se lo designará el Fiscal de la causa, el Juez o el Tribunal competente, según el caso, y el nombramiento recaerá en el defensor público. A partir de esta designación, el defensor a de adoptar competencias efectivas que permitan potenciar los principios y garantías que la Ley consagra a la persona investigada.

El proceso penal acusatorio ha dispuesto que la carga de la prueba sea regentada por el Ministerio Público, apoyado en sus organismos auxiliares. Frente a ello y por contraposición, resulta indispensable abordar el nuevo rol de la defensa de realizar de las diligencias investigativas generadoras de medios de prueba, como quiera que, tratándose de un procedimiento adversarial, se presume que los contendientes están en igualdad de condiciones jurídicas y técnicas.

Entre los roles investigativos que debe asumir el defensor tenemos:

  • Realizar labor de desplazamiento al lugar del hecho e inspección para establecer una hipótesis preliminar.
  • Contrastar los hechos denunciados para determinar si constituyen o no delito.
  • Llevar a cabo actividades tendientes a demostrar el arraigo de las personas, determinar testigos, así como ubicar e identificar personas (empadronamiento).
  • Utilizar peritos privados o investigadores de campo para recolectar técnicamente las evidencias omitidas por los organismos investigativos en el lugar del hecho, las recolectadas por terceros, y las que aparezcan posteriormente.
  • Realizar entrevistas a investigadores y expertos con conocimiento científico que sirvan como testigo de acreditación para la introducción de los elementos de convicción recolectados.
  • Verificar el cumplimiento del procedimiento de cadena de custodia.
  • Verificar, con la asistencia de peritos privados, el cumplimiento de los principios y procedimientos de investigación criminal realizados por los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Estos actos tienen como propósito:

  • Confirmar o desvirtuar la versión inicial de los investigadores judiciales y la teoría del caso del ente investigativo.
  • Confirmar o desvirtuar la versión de testigos para lograr su apreciación o descrédito ante el Tribunal de Juicio.
  • Confirmar o desvirtuar versiones confusas del investigado.
  • Encontrar nuevas versiones de los hechos.
  • Asesorarse en la formulación de una hipótesis susceptible de evaluación mediante el diseño del programa metodológico.
  • Consultar información en entidades públicas y privadas de orden nacional y local que manejen bases de datos y archivos, útiles para acreditar o desvirtuar hipótesis investigativas del ente acusador.