La carga de la prueba en el proceso penal

Luis Rogelio Bethancourt Espinosa

Por: Luis Rogelio Bethancourt Espinosa

En todo proceso penal le corresponde al Ministerio Público probar la existencia del hecho investigado y la responsabilidad penal de la persona vinculada al proceso, en virtud de la carga de la prueba, como lo establece el Artículo 72 del Código Procesal Penal y por ser quien tiene asignada el ejercicio de la acción penal, de acuerdo con el artículo 68 de la misma excerta legal, en concordancia con el artículo 220 numeral 4 de la Constitución Política.

Para poder que el Fiscal logre obtener una sentencia condenatoria requerirá incorporar al proceso pruebas testimoniales, periciales, documentales o cualquier otro medio de prueba lícito, que acrediten fehacientemente la existencia del hecho investigado, sus circunstancias y la responsabilidad penal que se le atribuye al acusado. Todo esto en función que frente a la acción penal que pueda ejercer el Fiscal, se levanta el estado constitucional de inocencia que ampara a la persona juzgada y solo en la medida que el caudal probatorio cuente con ese alto estándar probatorio, podrá resquebrajar la presunción de inocencia.

En cada proceso la carga de la prueba representa para el Ministerio Público un reto a superar bajo una investigación objetiva y apegada al cumplimiento de los requerimientos legales y constitucionales en la obtención de los elementos probatorios para la comprobación de su teoría del caso en el juicio oral y así lograr que el Tribunal de Juicio quede obligado a emitir una sentencia condenatoria.