Mora judicial causa daño a familias panameñas y extranjeras
Moratoria judicial en caso de abuso y atropello contra empresario mexicano, deja en total indefensión a investigados y sin empleo a decenas de personas, a causa de Covid-19
Luego de que el Gobierno panameño extendiera tres semanas más la cuarentena a causa del Covid-19, esta circunstancia ha llevado como consecuencia a una moratoria judicial por parte de las autoridades del Ministerio Publico, en perjuicio de miles de personas que enfrentan procesos, como el caso de un empresario mexicano a quien le han aprehendido todos sus bienes en este país donde la justicia no ha sido pronta como lo establece el sistema y posiblemente con errores grabes en su investigación.
Es un hecho que la actual crisis sanitaria está impactando negativamente a la justicia panameña y todos sus órganos judiciales. Esta situación afecta a muchas personas inocentes, acusadas e investigadas por hechos no probados, violando el debido proceso al no realizar los actos de investigación en torno a lo congruencia, razonabilidad y proporcionalidad que exigen los delitos investigados. En los últimos tiempos se ha dejado notar por parte de los funcionaros de investigación irregularidades que han desembocando en apreciaciones de posible corrupción en las actuaciones judiciales.
El inversionista mexicano que ha sido victima de violaciones, faltas al debido proceso y al principio de inocencia. Reitera a través de sus abogados Jamis Acosta y James Gay, que debido a los procesos al lacerar el principio de inocencia que carecen de cimientos sólidos en sus investigaciones es posible que estos fiscales sigan causando daños a personas inocentes, dentro de estas investigaciones que no buscan configurar un delito, sino judicializar a personas inocentes.
El caos por el que atraviesa el mundo y este país, es aprovechado por estas personas malintencionadas para afectar a este empresario mexicano, que ha sido afectado no solo en su persona sino también en su vida privada y en su patrimonio. Al ser victima de medidas cautelares reales a nuestro concepto arbitrarias, por carecer de elementos mínimos para sustentar los delitos que se le señalan, dejándolo a todas luces en una situación critica al no poder disponer de su patrimonio.
Y es que la crisis por la que atraviesa el país ha obligado al gobierno panameño a entablar medidas drásticas como la movilización de las personas a la calle, lo que ha desembocado en obstruir la legitima defensa y garantías fundamentales creando una falla en el debido proceso. Al igual que otras familias que han sido víctimas de las malas prácticas de los funcionarios de la Procuraduría, sobre todo en diferentes procesos, como se ha determinado en otras investigaciones no prosperas por parte del Ministerio Publico ya que no solo esta situación la afecta sino que también no ha podido compadecer al proceso producto de otra arbitrariedad al que sufre al ponerle impedimento de entrada al país donde pretendía aportar, generar empleo y producir de manera positiva mediante sus inversiones.
Con casi tres mil enfermos y medio centenar de muertos, como consecuencia del Covid-19, Panamá ha sido una de las naciones más impactadas por el coronavirus en Centroamérica, afectando drásticamente la vida de los panameños con el cierre de los negocios por 30 días.
La pesadilla que vive este empresario mexicano y las familias panameñas y otros investigados han quedado afectados directamente al no poder intervenir y esclarecer los hechos de los que se le acusan, ya que el Gobierno de Panamá al ampliar las medidas de seguridad en razón como la cuarentena obligatoria impide y alarga las afectaciones que hoy se viven. Se entienden en estas medidas pero no es menos ciertos que nadie responde por esta mora dentro de la justicia panameña dentro de un proceso que ha tomado el tinte social e incluso podría afectar la administrar de justicia.
