A SIETE AÑOS DE PERSECUCIÓN Y VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO CONTRA EMPRESARIO EXTRANJERO POR INCAUTACIONES DE BIENES EN PANAMÁ
Ciudad de Panamá, 24 de marzo de 2026. — La defensa legal de un empresario mexicano (Reserva de identidad) cuestionó este martes en las inmediaciones del Sistema Penal Acusatorio, el manejo del proceso judicial que se sigue en su contra, denunciando presuntas irregularidades por parte del Ministerio Público y solicitando el respeto al debido proceso. Por este caso cuestionable, la defensa presentó una querella penal en contra de la Fiscalía Segunda contra la delincuencia organizada hacia los fiscales Isis Soto, Sandy Cedeño y Marcos Mosquera.
Durante declaraciones públicas, la exprocuradora general de la Nación, Ana Belfon, señaló que desde el año 2022 la Corte Suprema de Justicia, mediante un fallo de amparo de garantías, ordenó que el ciudadano fuera formalmente imputado o, en su defecto, que se levantaran las medidas cautelares que pesan sobre sus bienes.
“Han transcurrido cuatro años desde ese pronunciamiento y la Fiscalía no ha cumplido con realizar la imputación correspondiente, manteniendo un secuestro de bienes en una situación de indefinición jurídica”, afirmó Belfon. Agregó que esta actuación contraviene lo establecido en el artículo 256 del Código Procesal Penal, el cual dispone que, en ausencia de imputación formal, deben cesar las medidas cautelares como el secuestro de bienes.
La jurista también explicó que el origen del caso se remonta a 2019, cuando —según indicó— el Ministerio Público ordenó la aprehensión de bienes del empresario sin contar con elementos de convicción suficientes. Entre las medidas adoptadas se incluyó la retención de cuentas bancarias que superarían los 18 millones de dólares.
Por su parte, el abogado Franklyn Amaya respaldó estas declaraciones y aseguró que, en el desarrollo del proceso, la Fiscalía ha incorporado información que calificó como falsa, con el objetivo de desacreditar a su cliente.
“La defensa reitera su preocupación por la falta de objetividad en la investigación y hace un llamado a que se garantice un proceso transparente, ajustado a la ley y respetuoso de los derechos fundamentales”, manifestó Amaya.
Ambos juristas coincidieron en que la prolongación de las medidas sin una imputación formal vulnera principios básicos del sistema penal acusatorio, como la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.
La defensa indicó que continuará utilizando los mecanismos legales correspondientes para salvaguardar los derechos de su representado y exigir el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
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